PURGAS EN LOS MANDOS MILITARES
La arbitrariedad en los ascensos, designaciones y
retiros de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas se ha profundizado en los
últimos meses, generando situaciones que no tienen precedentes desde la
recuperación de la democracia.
Un
coronel en actividad fue seleccionado por el Gobierno para concursar un puesto
en las Naciones Unidas, que ganó y fue designado por el organismo internacional.
Muy pocos días antes de viajar a Nueva York, desde el Ejército le avisaron
telefónicamente que el Ministerio de Defensa había anulado su designación y lo
pasaban a retiro .
Como no recibió una notificación documentada, el coronel
viajó igual, asumió su cargo y, de inmediato, renunció.
No
hubo explicación oficial, pero el afectado es hijo de un general ya fallecido y
tenía un hermano, también oficial, muerto en Malvinas.
En síntesis:
culpable
de portación de apellido.
Además, papelón global .
Por
imperativo geográfico, la Escuela de Tropas de Montaña “Teniente General Juan
Domingo Perón”, en Bariloche, es un destino importante en el Ejército.
El
coronel designado como director en marzo, ascendido por el Senado con mayoría K,
fue pasado a retiro a pocos días de su designación.
Se adujo, en los pasillos,
pues la medida no fue fundamentada, que el oficial había sido sancionado por
“carapintada” en el primer levantamiento de 1987 .
No se
aplicó el mismo criterio con el ascenso y designación del subjefe de Estado
Mayor y director de Inteligencia del Ejército -acumulación de funciones sin
antecedente histórico- que fue sancionado por la misma razón en el tercer
levantamiento “carapintada”, cuando ya era muy difícil argumentar
ingenuidad, pero ahora es “amigo”.
He
sintetizado sólo dos casos de varias decenas de medidas de una arbitrariedad sin
precedentes en los ascensos, designaciones, anulaciones y retiros intempestivos
que han padecido los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en los últimos
meses.
Hay
episodios como el de una formación suspendida a último momento,porque echaron
a quien había sido designado para hacerse cargo, o el de un oficial superior
que viajó centenares de kilómetros para asumir un comando importante para el que
había sido nombrado, pero cuando estaba llegando, recibió un mensaje en su
teléfono móvil, avisándole que había sido retirado.
A otro coronel se le
comunicó que había sido pasado a retiro y, diez días después, le dijeron que
volviera, que había sido un error con su apellido.
El daño
profundo que estas situaciones causan en organizaciones verticales que deberían
ser meritocracias y la debida consideración a los afectados y sus familias
impiden describir los hechos en clave humorística , pero el Gobierno ha
provocado situaciones farsescas.
En los
últimos meses fueron cambiadas las recomendaciones de las juntas -bastante
dóciles a la autoridad política- que califican a los militares para sus
promociones.
Pero, además, fueron brutalmente modificadas desde la
Presidencia las propuestas elevadas por el ministro de Defensa , quien ha
vivido una situación incómoda y desdorosa.
El
claro objetivo de tanto desaguisado -aun aceptando una cuota de impericia- es
conformar en las Fuerzas Armadas y de seguridadcúpulas sometidas
incondicionalmente al Gobierno, con efectos degradantes para su calidad
profesional y procesos de selección inversos en sus cuadros , pues se
privilegia a los dóciles sobre los mejores y los prestigiosos son considerados
con recelo.
Otro
proceso de manipulación sobre los cuadros militares ha sido la política de
remuneraciones.
Comenzó a ser desordenada por Menem, en 1992; fue normalizada
por Duhalde en el 2002 y los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, con
decretos sucesivos, volvieron a la lógica básica de las medidas de Menem y
han llevado a una situación anárquica insostenible .
Hay
miles de juicios iniciados por militares, gendarmes y prefectos, en actividad y
retirados.
Por decisiones de los jueces, hay decenas de sueldos diferentes para
funciones idénticas.
En una de las fuerzas armadas, casi medio centenar de
oficiales cobran más que el Jefe de Estado Mayor.
Hace siete meses que el
Gobierno analiza cómo mitigar los efectos de sus errores, pero no encuentra
solución.
Con
penurias presupuestarias y equipos con más de 30 años de edad promedio, nuestras
Fuerzas Armadas, según lo han expresado sus propios mandos, no están en
condiciones de cumplir con la misión que les asigna la ley .
El principal bien a
tutelar en lo inmediato, por lo tanto, es el personal y sus capacidades
profesionales.
El Gobierno se empeña en dañarlo.
